Para comenzar, Almudena Grandes ha recordado que "esta huelga general es en defensa propia, pero no solamente vamos a defendernos a nosotros mismos, vamos a defender el patrimonio que heredamos de nuestros antepasados y vamos a proteger los derechos de nuestros hijos. En definitiva el 29 de septiembre vamos a ir a la huelga para impedir que nuestros hijos vivan en un mundo peor que en el que hemos vivido nosotros, que es a lo que nos arriesgamos".

El acto, durante el cual se ha leído los manifiestos de adhesión de la Unión de Actores, el promovido por los trabajadores de la cultura y el de los profesores universitarios y profesionales, ha contado con la participación del cantante Miguel Ríos, el actor Juan Diego, el periodista Juan José Millás, o los profesores Antonio Baylos y Antonio García Santesmases, entre otros.

También han intervenido, para finalizar, los Secretarios Generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Méndez ha criticado que estos días se esté poniendo tanto empeño, desde algunos sectores, en proteger el derecho al trabajo y que nadie ponga el grito en el cielo cuando se escucha "si no vienes el 29 no vengas el 30 porque estás despedido". "Eso" ha afirmado, "si es ejercer violencia contra un derecho constitucional".

El Secretario General de UGT ha subrayado que el Gobierno ha tomado como eje de su política proteger la credibilidad de la economía española y, por ello, la huelga es una necesidad para "defender nuestro crédito democrático", porque "nos lo jugamos todo y nos lo jugamos todos".

"La huelga general va a ser un revulsivo", ha señalado, y se va a convertir en una "gran ola", una ola que le va a dar un revolcón democrático de primera magnitud al Presidente del Gobierno, quien, ha finalizado, "tendrá que rectificar". 
 

El Secretario General de MCA-UGT, que ha participado esta mañana en una asamblea conjunta de delegados de MCA-UGT y de FI de CCOO en Madrid, ha advertido al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no olvide "quién le ha puesto en el Gobierno y quién le puede quitar", y ha lamentado que "el Gobierno le ha hecho el trabajo a la CEOE y le ha servido en bandeja una reforma laboral que incluye parte de lo que venían reivindicando y no pensaban conseguir ni en sueños". Y todo ello "con el argumento de que se va a crear empleo".

Lito ha mostrando su confianza en el éxito de la Huelga General y en que el Gobierno tendrá que rectificar y reestablecer el diálogo social y reconducirlo tras la huelga, ya que "la reforma laboral no va a cumplir los objetivos por los que ha sido impuesta, y no va a crear empleo ni va a reducir el déficit público, al contrario, va a gastar más porque a partir de ahora el Gobierno va a pagar a los empresarios 8 días de indemnización por el despido sus trabajadores". Lito ha insistido en la paradoja que supone que con dinero público, es decir, de todos los españoles, se vayan a pagar ocho días de indemnización por el despido de un trabajador, lo que significa que "los trabajadores van a contribuir a pagar su propio despido".

Tras reconocer que este Gobierno ha hecho más que ningún otro en materia de derechos civiles y política social, Lito ha lamentado que "no se haya atrevido a abordar una reforma fiscal más justa y redistributiva que obligue a pagar más a quienes más tienen" y se haya limitado "a hacer lo más fácil, que es actuar contra los trabajadores".

Lito ha criticado también la actitud de la mayoría de los medios de comunicación y ha quitado importancia a las encuestas que auguran el fracaso de la Huelga General. "El 13 de Diciembre de 1988 también decían que el 14-D iba a ser un fracaso", ha recordado, y ha llamado a demostrar "que los trabajadores sabemos defender nuestros derechos y el 29-S vamos a parar este país sí o sí".

El Secretario General de MCA-UGT agradecido el trabajo desarrollado por nuestros cuadros en los cientos de actos y asambleas realizados hasta la fecha y ha animado a hacer un esfuerzo más hasta el 29-S y a participar activamente en los piquetes informativos.

 Por su parte, el Secretario General de MCA-UGT Madrid, Mariano Hoya, ha recordado que la Reforma Laboral "va a cambiar las condiciones laborales de todos los trabajadores, tanto de los fijos como de los temporales" y que "ningún trabajador puede considerarse a salvo de ella". "Tenemos muchos motivos para ir a la huelga, y cada uno de ellos es suficiente motivo para hacer una Huelga General".

En definitiva la reforma laboral, facilita y abarata el despido, no resuelve y entorpece la lucha contra la temporalidad y precariedad laboral, merma los derechos de los trabajadores en beneficio de un mayor poder empresarial, pone a los desempleados a merced de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y contamina las relaciones laborales. En materia de negociación colectiva el Gobierno amenaza de que, si en el plazo de 6 meses, desde la aprobación de la reforma, empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo el Gobierno regulará esta materia, con lo que rompería la autonomía de las partes y el equilibrio en la negociación.

Lito ha advertido en rueda de prensa de que "eso de que vamos a salir quizá un poco más tarde pero todos bien de la crisis se acabó" y ha criticado por ejemplo que el recorte de infraestructuras camina en la dirección de perder otros cien mil empleos, según los cálculos que venimos haciendo en el sector de la construcción.

En ese sentido, el Secretario General de MCA-UGT ha denunciado "la paradoja de que mientras en EEUU -un auténtico paraíso del mercado-, el Presidente Obama está proponiendo un Plan de Infraestructuras que va a tener un claro efecto de generación de actividad y empleo,  en  España se está renunciando  a este tipo de herramenta anticíclica".

"Lito" recalcó que precisamente la desinversión pública en infraestructuras en España es uno de los motivos que se añaden a la convocatoria de una huelga general el próximo día 29 de septiembre.  "La decisión del Gobierno de recortar sus previsiones de inversión en infraestructuras es absolutamente contrario a lo que viene planteando la Federación, ya que el recorte de inversión en obra pública quiebra el efecto anticíclico del Plan Extraordinario de Infraestructuras, que considerábamos y seguimos estimando como un ejemplo a seguir en momentos de crisis.

Los trabajdores no podemos resignarnos

Frente a la resignación que se percibe en muchas personas y que algunos se empeñan en extender, Lito ha convocado al sindicato a multiplicar sus esfuerzos para informar, motivar y movilizar a los trabajadores y decirles que si esto sale bien, el Gobierno tendrá que tomar nota y darse cuenta de que este giro que ha dado en los últimos tiempos no nos lleva a ningún sitio".

El Secretario General de MCA-UGT ha recordado y valorado los acuerdos y las políticas que el Gobierno fue capaz de llevar a cabo antes de este giro por parte el Gobierno y que "han evitado que en estos momentos estuviéramos en cinco millones de desempleados, un conjunto de actividades económicas que buscaban a través de una inversión una cierta recuperación económica, a veces incluso con beneficio, pero manteniendo la industria activa para pesar esta crisis tan dura".

"Esta convocatoria de huelga", ha afirmado, "expresa también el rechazo a unas políticas de ajuste que no van a contribuir a la recuperación del crecimiento económico ni a la recuperación del empleo, sino que van a imponer sacrificios injustos a los empleados públicos de nuestro país, suponen el recorte en la cuantía de las pensiones, y son medidas que si acaso le pueden venir bien, aunque siempre pedirán más, a los representantes de los mercados financieros, pero son una desdicha social y económica en relación con el futuro de nuestro país".

Méndez ha recordado que además de todo esto "el Gobierno pretende desplazar la edad de jubilación a los 67 años y en vez de optar por una política de mejora de los ingresos de nuestro sistema de seguridad social para que nuestras pensiones vayan pareciéndose paulatinamente a las pensiones a la media de la UE" y ha incorporado en la reforma laboral una disposición que habla de la Negociación Colectiva, una especie de "amenaza implícita" para debilitar uno de los pilares de las relaciones colectivas de nuestro país "que es muy útil para propiciar el entendimiento, para conciliar los intereses de los trabajadores y de las empresas, y para mejorar la productividad manteniendo y preservando los salarios y las condiciones laborales del conjunto de las empresa y los trabajadores de nuestro país".

"Se trata de que ganemos el futuro y que el futuro sea mejor o al menos no sea peor que el presente y el pasado reciente" ha finalizado.

Presionad sobre los links para acceder a la noticia en el esta mañana en la página confederal del 29S y para bajar el pdf con el texto del registro de la convocatoria de huelga general en el Ministerio de Trabajo 

Con este registro y comunicación ambas organizaciones sindicales, firmantes del Acuerdo sobre la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), cumplen con el compromiso adquirido con CEOE y CEPYME de celebrar un acto previo de mediación ante cualquier tipo de conflicto laboral.

El Secretario de Organización de UGT ha recordado que "este compromiso de mediación se tiene que celebrar en las próximas 72 horas" y "esperaremos la respuesta de ambas organizaciones empresariales en el cumplimiento estricto del compromiso para la solución extrajudicial de conflictos, que utilizamos con carácter habitual y que consideramos de obligado cumplimiento también en esta ocasión".

"Creemos que debería aprovecharse el tiempo que media desde este momento hasta la convocatoria de la huelga para que el Gobierno rectifique, por lo que no es gratuita nuestra presencia en el SIMA en el día de hoy". De lo contrario, el próximo día 7 de septiembre, "los Secretarios Generales de UGT y CCOO presentarán dicha convocatoria ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración".

  -¿Corren riesgo las relaciones entre UGT y el PSOE? -Siempre hay riesgo, pero las circunstancias del año 1988 fueron distintas. Entonces teníamos una enorme coincidencia y cuando se produjo la ruptura fue un momento terrible y muy duro. Sin embargo, hemos aprendido mucho, especialmente el PSOE, porque en aquel momento el partido metió la pata hasta el corvejón y eso nos ayudó mucho para el éxito de la huelga. Ahora hay una cosa que el partido está haciendo bien y es que no ataca la convocatoria de la huelga, lo cual es una postura inteligente.  

 -Que el propio presidente Zapatero y muchos ministros sean afiliados al UGT ¿no es un poco esquizofrénico? -Bueno, no tantos ministros son afiliados, aunque he de decir que el presidente Zapatero es de los más sensibles a las inclinaciones sindicales. Hay ministros que son afiliados a UGT, pero a otros les importa tres narices el sindicato y podrían estar perfectamente en un Gobierno del PP.  

-¿Cómo se vive internamente esta situación en el PSOE? -Muy mal. Para mí no es plato de gusto. Yo estoy en el comité federal del PSOE y ojalá hubiera allí más sindicalistas de CC OO y de UGT. Allí he dicho todo lo que tenía que decir. Soy convocante de la huelga, la justifiqué allí. Terminé mi intervención hablando de la esperanza de que el Gobierno tome nota y rectifique. Me quedé muy a gusto.

-¿Servirá para algo la huelga? -Sí. Estoy convencidísimo de que va a salir bien y de que el Gobierno y el PSOE van a reconducir la situación. Tomarán nota y dirán: «nos hemos equivocado porque tenemos a los trabajadores de este país en pie de guerra. Ya no son los diputados del PP, también tengo a los trabajadores en contra. Algo estoy haciendo mal.  

-¿Cree que el Gobierno rectificará? -Tiene que hacerlo. No será fácil y hay muchas formas, pero está obligado. No pido que se hagan el haraquiri, pero deben reconducir la situación y volver a la senda de generar estabilidad y empleo con derechos.Hay muchas formas de rectificar. Habrá cosas a reformar directamente del decreto y otras que se podrán solucionar a través del desarrollo del reglamento. Hay otras que están en la cabeza de alguno y que espero no vean la luz nunca.

 -¿Ponen la venda antes de que lleguen otras heridas? -Hemos convocado la huelga por el decreto, pero no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, hay que afianzar la negociación colectiva de carácter sectorial.

-¿Dejará la huelga tocado a Zapatero? -Sin duda. Pero esa no es nuestra culpa. Si uno se empeña en tirarse por un precipicio se acaba tirando. A muchos les molestaba que los sindicatos no nos enfrentáramos al Gobierno y ahora están consiguiendo lo que querían por errores del Gobierno, no por los aciertos de la oposición.

-¿Habrá adelanto electoral? -Creo que no, pero la huelga debe llevar al presidente a reflexionar en qué se ha equivocado. Y debe pensar que es necesario sentarse de nuevo con todos y reconducir lo que están haciendo.

-¿Qué opina del recorte en infraestructuras? -Lo veo muy mal porque vamos a perder entre cien mil y ciento veinte mil empleos sólo este año. El próximo ejercicio va a ser terrible.  

-¿Tiran la toalla de la inversión en un nuevo horno de Arcelor? -Nunca tiro la toalla. Todo lo que sean inversiones es fantástico porque si hay algo que debemos tener muy claro es que en la siderurgia o se invierte permanentemente o las instalaciones quedan obsoletas. Yo sigo defendiendo la necesidad de producir más arrabio y de un alto horno con más capacidad. Estoy convencido de que en algún momento vamos a necesitarlo. Tenemos que seguir reivindicándolo porque es justo.  

El coste de la energía  

-¿Ha fracasado la política energética del Principado? -No la conozco muy a fondo, pero en España tenemos un gran problema con la energía. Hay un gran déficit y no tenemos que tener miedo a abrir el debate nuclear. La energía es un elemento clave para Asturias porque el coste, desde el punto de vista industrial, es intolerable. Tenemos que tener más responsabilidad y ser menos cínicos porque puede llegar a supone hasta el 40% del coste de una empresa.  

-¿García Vigón llegará a la presidencia de la CEOE? -Conozco a Severino y le daría un buen consejo. Si cree que puede llegar a ese puesto radicalizando el discurso para parecerse a Díaz Ferrán, está muy equivocado. Si es así, le diré que ya perdió la carrera de antemano. Conozco a muchísimos empresarios en este país, solventes y de peso, que no están de acuerdo con las políticas radicales del actual presidente. Alguien está asesorando mal a Severino. En vez de enseñar los dientes lo que tiene que hacer es jugar a ser él.  

 -¿Qué le parece el proceso político del PSOE y la salida de Areces? -Creo que lo han hecho muy bien y felicito a todos. Hace un tiempo eso no se veía tan fácil. Areces lo está haciendo con mucho decoro y el otro día intervino en el comité federal y el propio Zapatero lo felicitó por lo años dedicados.  

-¿Qué futuro ve para a Areces? -Tiene mucha capacidad política y su carrera no ha terminado. No lo veo en un parque sentado leyendo un periódico.  

 -¿Cascos? -Lo conozco desde hace muchos años y lo que no me gusta es que pueda ser el Fraga de Asturias. Sería malo.

Tanto la Unión Europea como la Zona Euro presentan crecimientos interanuales positivos similares este segundo trimestre (1,7%) derivados de los comportamientos favorables de la mayoría de sus economías. La contribución al PIB de la demanda nacional sigue siendo negativa, aunque se modera desde los -2,8 a los -0,5 puntos. Por el contrario, la demanda externa sigue reduciendo su aportación, y pasa de de contribuir con 1,5 puntos a hacerlo con 0,4.

La mejora de la contribución de la demanda nacional es debida al comportamiento que ha tenido en este trimestre tanto el gasto en consumo final de los hogares, que pasa del -0,3% al 2,0%, como la formación bruta de capital fijo, que de caer un -10,5% pasa al -7,0%. El consumo final de los hogares se ve beneficiado por la anticipación de las compras ante el incremento del IVA a partir del tercer trimestre. Por su parte, la formación bruto de capital fijo continúa aminorando su decrecimiento por el mejor comportamiento de los bienes de equipo y a la mejora en la inversión de otros productos.

En lo que respecta a la demanda exterior neta, su aportación al crecimiento se ha reducido desde los 1,5 puntos hasta los 0,4, debido a la aceleración más intensa de las importaciones durante este trimestre. Si nos detenemos en el PIB por el lado de la oferta, se observan comportamientos contrapuestos en las diferentes ramas de actividad. Mientras que por vez primera desde que se desató la crisis, las ramas industriales y de los servicios registran tasas de crecimiento positivas, la agricultura y de la construcción todavía registran variaciones interanuales negativas.

El valor añadido bruto de las ramas industriales acelera su crecimiento en este trimestre, desde el -1,9% hasta el 1,8%, de manera coherente con la evolución, tanto de la producción industrial, como de los consumos intermedios de estas actividades, con una mayor intensidad en el caso de las manufacturas. Por su parte, el valor añadido bruto de la construcción acelera una décima su contracción, situándose en el -6,4%, como resultado de la situación más desfavorable de la obra en infraestructuras y la edificación no residencial.

La actividad de los servicios registra un crecimiento positivo en este trimestre, por vez primera desde hace año y medio. El comportamiento más dinámico continúa siendo el de las ramas del comercio, especialmente en lo que se refiere a las ventas de automóviles y motocicletas. Por el contrario, las actividades de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios a empresas y auxiliares, continúan registrando variaciones interanuales negativas.

En cuanto al empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se modera su caída al pasar del -3,7% que registró en el cuarto trimestre al -2,5%. En términos absolutos, esta reducción supone la pérdida de casi 450.000 empleos netos a tiempo completo en un año. A nivel agregado, las ramas industriales y de los servicios de mercado registran decrecimientos menos intensos en este trimestre.

Si medimos el PIB a través de la distribución primaria de las rentas, comprobamos como la remuneración de los asalariados reduce un punto su crecimiento negativo del -2,0% al -1,0%, como consecuencia de la atenuación en la caída del número de asalariados (del -3,7% al -2,4%), compensada parcialmente por la desaceleración de la remuneración media (del 1,8% al 1,4%). El coste laboral unitario, por su parte, decrece a un rito de -1,0%, tres décimas menos que el periodo anterior. El excedente bruto de explotación y la renta mixta decrecen al -2,9%, frente al 0,0% del trimestre anterior.

En resumen, según los últimos datos publicados hoy por el INE, la economía española vuelve a crecer en términos intertrimestrales, aunque débilmente. Este resultado supone que la caída de la economía en términos anuales se modere hasta alcanzar el -0,1%. Ahora bien, si analizamos las causas que han dado lugar a la evolución no tan desfavorable de los distintos componentes del PIB, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, así como de las rentas, se observa que son meramente coyunturales (como el anticipo de compras e inversiones ante la inminente subida de IVA).

Además, hay que tener en cuenta que estos datos no reflejan las desfavorables consecuencias tanto para la economía como para el empleo, y para las rentas de los hogares españoles, que previsiblemente se van a derivar de las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2010, aprobadas el pasado mes de mayo, así como de otras actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno; ejemplo de ello es la restricción en cuanto el número de personas beneficiarias de los 426 euros del Programa de Protección por Desempleo e Inserción, aprobada esta misma semana.

CONCLUSIONES

En el actual contexto económico y laboral, las medidas de ajuste adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo contenidas en el Real Decreto-ley 8/2010 ponen en jaque la recuperación de la economía en nuestro país y consecuentemente del empleo. Además de suponer un giro brusco en la política fiscal expansiva llevada a cabo por el Ejecutivo desde que se desató la crisis y de quebrar la legitimidad del Diálogo Social, las medidas afectan gravemente al gasto social y a la inversión productiva de nuestro país.

Se trata de una propuesta socialmente injusta, porque ataca a las rentas medias y bajas (empleados públicos, pensionistas y personas dependientes) y al conjunto de los sectores más perjudicados, y contraproducente, porque va en contra de la recuperación económica y, por ende, de la recuperación del empleo. Y además, renuncia a cualquier medida fiscal vía ingresos, que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.

Las soluciones a la crisis de la economía y del empleo no deben tener como objetivo único y prioritario la reducción del déficit y el cumplimiento del Plan de Estabilidad y Crecimiento, sino la recuperación del crecimiento económico y del empleo, clave fundamental para la reducción de déficit.
Conviene recordar que no todo el gasto que origina el déficit se puede considerar en los mismos términos: hay que separar el gasto corriente del gasto en inversión pública. El recorte en inversiones públicas afectará gravemente al sistema productivo y a la productividad, dado que afectan a las infraestructuras básicas que sustentan el tejido productivo y la cohesión territorial, facilitan los intercambios de bienes y servicios en nuestro país y contribuyen a la mejora de la competitividad de nuestras empresas.

Desde UGT creemos necesario seguir utilizando la política fiscal expansiva, mediante inversión pública productiva, que aumente el capital físico y tecnológico y que sirva de palanca para estimular la inversión privada. La reducción de la inversión pública retrasará la recuperación y tendrá efectos negativos automáticos sobre el empleo.

Por otro lado, la obsesión europea por combatir el déficit en defensa de la moneda común no está sirviendo para frenar la estrategia especulativa de los mercados y ese esfuerzo está perjudicando, además, a muchos Estados miembros, como es el caso de España. Por ello, hay que darle la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento: hay que impulsar un Pacto de Crecimiento, Empleo y Cambio de Modelo Productivo que se traslade a la estabilidad presupuestaria.

Si en las instituciones mundiales y europeas sólo se consideran creíbles las políticas que recortan los gastos sociales, recortan los sistemas de pensiones y los derechos de los trabajadores a través de reformas laborales como la impuesta por el Gobierno y aprobada ayer en el Senado, y en definitiva, minan el crecimiento económico y la estabilidad social, es que estamos ante unas instituciones que dan prioridad a los mercados de capitales y a los movimientos especulativos. Relegando la Europa social, ni se refuerza la capacidad de crecimiento económico y de generación de empleo, ni se mejora el bienestar de los ciudadanos.

Y si en este país el Gobierno sigue sin sumar voluntades y sin dialogar con todos los responsables del devenir económico y laboral, la idea de una España próspera, decente y eficiente que pretendía impulsar el Presidente del Gobierno según lo anunciado en su último discurso de investidura, quedará muy lejos de hacerse realidad. El cambio de rumbo del Gobierno plegándose a las exigencias neoliberales de instituciones como el Banco Central Europeo, el ECOFIN o el Fondo Monetario Internacional, que cargan el peso de la crisis sobre los trabajadores, han generado el rechazo social a las medidas adoptadas, así como la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de septiembre frente al plan de ajuste y la reforma laboral.

Tres días después de esta presentación, el viernes 3 de septiembre, por la mañana, está previsto que se celebre el Acto de Conciliación, en la sede del SIMA, un paso previo y formal, antes de que los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, presenten, el martes 7 de septiembre, ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración la convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre. El registro de la huelga general cumple así los requisitos necesarios para su convocatoria.

A partir de este día, los distintos Comités de Huelga presentarán en las Consejerías de Trabajo de sus Comunidades Autónomas, así como en las empresas donde sea necesario, copia de la convocatoria de Huelga General.

Ferrer ha reafirmado que "desde UGT siempre hemos planteado que hay que perseguir el fraude en todos los órdenes económicos y sociales" pero le parece "claramente injusto" que en lugar de perseguir el altísimo fraude fiscal de nuestro país, se centre la persecución en los más débiles, en los que están padeciendo la crisis.

Sobre las pensiones

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha expresado, una vez más, el rechazo sindical a alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, porque, en nuestro país, la edad real de jubilación, que está por encima de los 63 años, es más elevada que la media de la UE y porque "estamos ante una medida que no está justificada por ninguna razón económica o social". Es una medida únicamente para reducir el gasto, como lo es la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que supondría una reducción de las mismas, tal y como admite el propio Gobierno. En este sentido, Ferrer ha recordado que nuestro Sistema de Pensiones sigue teniendo una situación de superávit pese a la crisis y pese a la dramática caída del empleo y ha señalado que aunque hay problemas, hay que buscar otro tipo de soluciones. "Nosotros somos los primeros interesados, en garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones pero hay que buscar otras vías que no solamente sean recortar el gasto y, por lo tanto, reducir las pensiones o las expectativas de futuro". En este sentido, propone subir las bases de cotización, "son muy bajas respecto a nuestros vecinos europeos", y buscar otras fuentes de ingresos, vía impuestos como hacen en otros países.

Sobre la Reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

Respecto a la reunión que tiene hoy el Presidente del Gobierno con los responsables del área económica, Ferrer ha afirmado que "nosotros vemos con mucha preocupación y estamos alertas y vigilantes para que los próximos PGE no supongan nuevos ajustes a costa de reducir derechos de los trabajadores y prestaciones. Está en grave riesgo el futuro de las prestaciones de las personas desempleadas".

Por último, el Secretario de Acción Sindical de UGT ha manifestado que la huelga general del 29 de septiembre puede ser un elemento no solamente que impida los recortes sociales y laborales, sino que abra un proceso de rectificación, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. "Siempre que ha habido una huelga general ha habido una rectificación por parte del Gobierno de turno o se ha abierto un proceso de negociación sobre nuevos derechos y nuevas prestaciones. Y eso es lo que esperamos y por eso hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que participen masivamente en la Huelga general del 29 de septiembre".

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha realizado estas declaraciones esta mañana durante una rueda de prensa en la que él y su homólogo de CCOO, Ramón Górriz, analizaron el proceso parlamentario sobre la Reforma Laboral, que actualmente se encuentra en trámite de enmiendas en sede del Senado.

Toni Ferrer subrayó que el conjunto de enmiendas que se han presentado "son prácticamente una reproducción de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios presentaron en el proceso del Congreso de Diputados y que profundizan en la línea de endurecer los recortes de los derechos de los trabajadores, a excepción de los votos de rechazo a la totalidad presentados por los grupos de izquierda parlamentaria".

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha manifestado que los grupos de la derecha estatal y autonómica "persisten en sus ataques a los derechos de negociación colectiva y de libertad sindical" y ha recordado que "el PP ha vuelto a reproducir enmiendas con las que pretende que un convenio colectivo no tenga la fuerza vinculante durante su vigencia abriendo la vía de romper la eficacia del convenio; el PNV intenta romper con la libertad sindical, atentando contra el derecho que tienen las organizaciones sindicales representativas a participar en todos los niveles de negociación y CiU insiste en que se plantee la vía de determinar las causas de extinción en el ámbito de la empresa, lo que rompería los principios de igualdad de trato y de oportunidades y dejaría a merced de la correlación de fuerzas, en este caso a las del empresario, el fijar las causas en ese terreno". "El PSOE reproduce las mismas enmiendas" ha añadido, dejando ver "el afán privatizador del sistema público de gestión del desempleo dando más iniciativas a las agencias privadas con ánimo de lucro y la preferencia por las políticas de sanciones e infraciones, frente a las políticas activas orientadas a la reinserción de las personas desempleadas".

Ferrer ha resaltado que tanto UGT como CCOO "rechazamos las propuestas del Gobierno enfocadas a las sanciones e infracciones a las personas desempleadas y exigimos la necesidad de aumentar la inversión en políticas de orientación y de formación en nuestro país". "Estamos asistiendo a un debate falso e interesado en el que parece que los desempleados no quieren aceptar las ofertas que les hacen los Servicios Públicos de Empleo", unos servicios cuya capacidad de intermediación es escasa, no alcanza el 3%, y en el que las ofertas de orientación y formación prácticamente no existen.

Ferrer ha subrayado que el Gobierno ha incluido como requisito destinado al grupo de personas de entre 30 y 45 años "el tener cargas familiares, para poder percibir la prestación, una exigencia que antes no existía", lo que viene a reflejar, que "en el seno del Gobierno hay una posición de querer reducir la protección a las personas desempleadas".

Ferrer ha señalado que en nuestro país "un tercio de las personas desempleadas no tienen cobertura por desempleo" y ha recordado que el pasado 16 de julio UGT y CCOO remitieron una carta al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la que le pidieron la prórroga del PRODI, dados los efectos devastadores de la crisis económica, y la necesidad de incluir como posibles beneficiarios a los demandantes de empleo que hubieran agotado la Renta Agraria, el Subsidio Agrario y la Renta Activa de Inserción, ya que éstos se encuentran totalmente desprotegidos, lo que supone un agravio comparativo en relación con el resto de beneficiarios que agotan prestaciones de carácter asistencial.

Con respecto, a las enfermedades profesionales con baja se observa una clara infradeclaración: se registran 6.667 enfermedades profesionales menos (un 57% menos) que en 2006, año en el que se produjo la reforma del cuadro de enfermedades profesionales y 1.109 enfermedades profesionales menos que en 2007, año en el que la Seguridad Social dictó una Resolución para cambiar la calificación de miles de partes considerados como enfermedad común por las Mutuas y que resultaron ser enfermedades profesionales.

Otra cosa es lo que sucede con las enfermedades profesionales sin baja, en el primer semestre de 2010 se han declarado 574 más que en el mismo periodo de 2009 y 2.311 más que en el 2006, lo que supone un incremento del 114%.

El informe de UGT desvela que el 83% de estas enfermedades son causadas por agentes físicos (posturas forzadas y movimientos repetitivos, hipoacusia o sordera provocada por el ruido), seguidas a mucha distancia por enfermedades de la piel. El agente cancerígeno que más enfermedades de este tipo ha provocado en estos seis meses ha sido el amianto con un 78%, siendo prácticamente el único tipo de enfermedad profesional de este grupo declarada.

Desde una perspectiva de género el informe revela que el 41% de las enfermedades profesionales que se produce es en mujeres y las enfermedades profesionales que más sufren las mujeres son (85%) las causadas por agentes físicos (posturas forzadas y movimientos repetitivos, hipoacusia o sordera provocada por el ruido) mientras que las que tiene mayor incidencia en comparación con la población masculina es el grupo de agentes biológicos (con un 58%) lo que puede deberse a la presencia mayoritaria de las mujeres en sectores como la sanidad, donde se produce más frecuentemente este tipo de riesgo.

Las Comunidades Autónomas que más enfermedades profesionales han declarado, en términos absolutos,  en este primer semestre de año, han sido Cataluña y Euskadi, pero si tenemos en cuenta el número de enfermedades profesionales en relación al número de asalariados, la comunidad más cumplidora es Navarra: se declara una enfermedad profesional por cada 256 asalariados, mientras que la media nacional es de 1 enfermedad por cada 1.623 asalariados.

Los datos confirman que, cada día, en nuestro país, 52 personas son víctimas de una enfermedad profesional y aún así hay una infradeclaración de este tipo de enfermedades profesionales. Especialmente grave es que en los últimos 10 años no se haya declarado ninguna enfermedad profesional mortal, pese a que la Seguridad Social tiene constancia de que un gran número de muertes a causa de cánceres tienen un origen profesional.

Para acabar con esta situación de infradeclaración que impide un estudio pormenorizado de las Enfermedades Profesionales y el tratamiento preventivo de las mismas, UGT demanda la inclusión en la futura Ley de Salud Pública de un apartado concreto de salud laboral, que respetando el espíritu de la Ley General de Sanidad de 1986, en materia de prevención de riesgos laborales, mejore los mecanismos de defensa de la salud de los trabajadores. En este sentido, el sindicato considera especialmente importante la creación de Unidades Básicas de Salud, que tomando como referencia el ejemplo de Navarra, permitan dar a conocer la realidad de las enfermedades profesionales.

Asimismo, es necesario tener en cuenta la realidad productiva actual para hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales enfermedades.

Por último, es necesario mejorar el sistema de Gestión de las Mutuas, mediante una reforma total del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (real Decreto 1993/1995, del 7 de diciembre), con el objeto de lograr mayor transparencia y eficacia.

Un aspecto preocupante es la no inclusión de los Riesgos Psicosociales en el Cuadro de Enfermedades profesionales (como el estrés, el síndrome del quemado, etc). Estos riesgos terminan provocando dolencias que impiden o dificultan el desarrollo de la actividad laboral.

1º.- La mejora de la ocupabilidad de los desempleados no se puede acometer desde una posición de sanciones y de pérdidas de prestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo, adecuándolas a las necesidades del actual mercado de trabajo.

2º.- Aunque el desempleo en España, duplica al de la media europea las inversiones en políticas activas de empleo son ligeramente inferiores en porcentaje del PIB al de la media europea, siendo ésta del 0,65% mientras que la de España es del 0,63% del PIB. Pero si se analiza cómo se distribuyen estas inversiones entre los distintos programas de empleo, observamos que mientras en Europa se destina el 29,5% a mejorar los Servicios de Empleo, en España esta inversión no llega al 16,5%. Si además tenemos en cuenta que el 29'7% de dichas políticas se destinan a bonificaciones a las empresas, cuando en el resto de Europa y por ese mismo concepto se destina el 16'9%, se hace necesario hacer un esfuerzo para mejorar la inversión en programas de empleo y formación que ayuden realmente a los perceptores de prestaciones por desempleo y al resto de demandantes a mejorar sus niveles de cualificación para su inclusión en el mercado de trabajo.

3º.- Esta enmienda incide en una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones, pues está dando por hecho que éstos, sistemáticamente, se niegan a aceptar las acciones ofrecidas por los Servicios Públicos de Empleo, idea inaceptable ya que cualquier trabajador que se encuentra en esa lamentable situación lo que quiere es trabajar.

4º.- El grupo parlamentario socialista se mueve en la confusión. El Texto Refundido de la Seguridad Social en su artículo 231 y la Ley de Infracciones y Sanciones, en sus artículos 17 y 47, respectivamente, señalan claramente como faltas graves la no asistencia a las acciones y programas de empleo ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo, con la consideración de falta grave y por lo tanto con la pérdida de la prestación por desempleo.

5º.- Es el propio Gobierno en la Reforma Laboral y en su artículo 16, el que decide que durante los tres primeros meses el perceptor de prestaciones podrá declinar el asistir a dichas medidas, modificando por tanto de motus propio el citado artículo 231. Por lo tanto, no se entienden ni las declaraciones que se han venido haciendo por parte del Ministro de Trabajo, ni la enmienda 243 que parece va a ser presentada por parte del grupo parlamentario socialista en el trámite parlamentario del Senado.

La Unión General de Trabajadores, insiste en que las necesidades de los desempleados pasan por:

• Desarrollo de unas políticas de empleo modernas y adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo.
   

• Modernización y potenciación de los Servicios Públicos de Empleo, en lugar de externalizar servicios a través de agencias de colocación con o sin fines lucrativos.
   

• Una mayor inversión en políticas activas de empleo. La inversión tiene que adecuarse con los niveles de desempleo de España.

Los sindicatos siguen calentando motores de cara a la Huelga General del 29 de septiembre. Además, de las visitas a empresas y asambleas de trabajadores que se han celebrado en el mes de julio- muchas de ellas con la participación de los Secretarios Generales de UGT y CCOO- en estos primeros días de agosto se siguen desarrollando distintas actividades en todo el territorio español. Así, UGT Andalucía ha puesto en marcha un autobús que recorrerá todas las provincias de la región para explicar, de primera mano, a los ciudadanos las razones por las que es necesario que secunden la huelga general del 29 de septiembre.

Asimismo, en Cantabria ambos sindicatos han iniciado una campaña de recogida de firmas de apoyo al manifiesto contra la reforma laboral y los recortes sociales decretado por el Gobierno, recortes que afectan también al sector público.

Por otro lado, en Castilla y León, continúa la celebración de un amplio abanico de asambleas que tendrán lugar hasta la huelga general del 29 de septiembre. Concretamente en Soria hubo además una jornada dedicada a pegar carteles animando a la participación ciudadana. También, en La Rioja se colgaron varias pancartas en la emblemática fuente de El Espartero.

Algunas de estas razones son:

• "La reforma laboral va a servir para profundizar en el ajuste, para hacer más fácil, más rápido y más barato el despido, para que retrocedan los derechos laborales, para que el papel que tiene la representación unitaria de los trabajadores y las representaciones sindicales en la empresa achiquen sus espacios de intervención y se sobreponga la discrecionalidad del empresario, para que cuando vayamos a un juzgado de lo social a reclamar por una injusticia laboral sean los planteamientos del empresario los que puedan salir con más facilidad".

• "El detonante que ha provocado la huelga general tiene mucho que ver con la ruptura, que no reforma laboral, que el Gobierno, por vía decreto ley, tomó la decisión de imponer. Hay razones anteriores también, como el Plan de Ajuste que el Gobierno impuso y que hace que el peso dela crisis ya recaiga por los cuatro costados en los trabajadores, pensionistas y en el conjunto de la población".

• "Cuando estábamos empezando a adivinar la luz al final del túnel de la crisis económica, cuando los sacrificios de los trabajadores se aposentan en el barco de los dos años de recesión que venimos padeciendo, cuando siguen haciendo falta las inversiones públicas, el gasto social, cuando sigue siendo necesario mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, proteger a las familias trabajadoras, el Gobierno se ha dado la vuelta y le da un serretazo a las inversiones".

• "Los problemas que hay que resolver son: ¿cómo se le va a garantizar un empleo a un trabajador o a una trabajadora con 65 ó 66 años cuando hay parados de larga duración mayores de 45 años que tienen un riesgo muy serio y muy cierto de que cuándo termine la crisis económica no volverá a encontrar un puesto de trabajo? ¿Cómo es compatible lo que plantean con el 40% de jóvenes en paro?".

• "La crisis no exige el recorte de inversiones, el recorte de salarios y el recorte de derechos sociales, sino que exige unas recetas radicalmente diferentes de las que ha puesto en ejecución el Gobierno de la nación".

Méndez ha señalado que "de esta ruptura laboral no se salva nadie", pues supondrá más flexibilidad en el mercado laboral y un despido más fácil, barato y ultrarrápido (se contempla el despido exprés para los contratos de fomento del empleo). Es más "en España se puede producir una gigantesca operación de sustitución de trabajadores en edad madura, familiarizados con su puesto de trabajo, por trabajadores con contratos más baratos y unas condiciones laborales peores".

Por otro lado, se consagra la dualidad en el mercado laboral y se agrede a la negociación colectiva, hasta tal extremo que uno de los firmantes del manifiesto de los 100, en su blog, cuando leyó el artículo que habla sobre el descuelgue salarial dijo que era una verdadera revolución. Méndez ha explicado que "lo que se ha hecho ha sido desplazar la incorporación del descuelgue del convenio del sector al convenio de la empresa, de manera tal que ahora es el empresario el que, por un determinado procedimiento, podrá llevar a cabo el descuelgue salarial de su empresa". Esto supone un golpe a la negociación colectiva y, en cierta medida, a la leal competencia entre las empresas.

El Secretario General de UGT ha confirmado que la imposición de esta ruptura laboral ha hecho que la Huelga General del 29 de septiembre sea inevitable. "Una huelga muy necesaria y muy legítima, que es un acto de afirmación constitucional". "Queremos que se rectifiquen las decisiones que se han adoptado pero también queremos evitar decisiones como la que se pretende sacar adelante en relación con el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años". Decisiones que agravarían los problemas de nuestro mercado laboral.

La huelga general de 29 de septiembre se enmarca en la jornada de acción sindical a nivel europeo, que tendrá lugar ese mismo día, bajo el lema, No a la austeridad. Sí al crecimiento económico y al empleo. "Esa palabra, austeridad, aunque suena bien y es políticamente correcta, lo que esconde son muchos sacrificios para los que no son culpables de la crisis y la protección y el beneficio de las Administraciones Públicas a los que la han provocado".

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras su visita a la empresa Navantia de Cádiz, donde ha explicado a los compañeros los motivos que han llevado a los sindicatos a convocar la Huelga General del 29 de septiembre, "una huelga justa, necesaria, oportuna y cargada de razón, que se va a cargar más si, como todo parece apuntar, se consolidan hoy las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en relación a la reforma laboral".

En este sentido, ha considerado que nos encontramos ante una reforma "muy regresiva y sin precedentes en la historia de la democracia en nuestro país", y, además, "la zanja que existía entre el Gobierno y los sindicatos y trabajadores de este país como consecuencia del decreto ley de la reforma laboral se va a hacer más ancha y más profunda por estas enmiendas".

Además, el Secretario General de UGT ha considerado que en las votaciones de hoy "se puede tomar una decisión que puede evidenciar la soledad del Gobierno, ya que es probable que ni los grupos que se regocijan con estas medidas las vayan a votar, y, además, se va a revelar la incoherencia entre lo que se dice de la reforma laboral y lo que en realidad es, la reforma del despido".

Al finalizar la rueda de prensa, Cándido Méndez ha conversado con los viticultores concentrados ante la Delegación Provincial de Cádiz, que se están movilizando por los excedentes de vino al no cumplirse la legalidad vigente sobre denominación de origen.

Durante la Asamblea de delegados en Navantia, Cándido Méndez ha mostrado su preocupación por el hecho de que los compañeros estén en el proceso de desarrollo final de la carga de trabajo de la que disponen.

En este sentido, ha recordado que "hay un compromiso de carga de trabajo proveniente de la iniciativa pública que sería muy importante que se concretara cuanto antes, ya que el compromiso se remonta a noviembre de 2004", con una planificación que pasa por la remodelación del portaaviones Príncipe de Asturias y por la construcción de 14 Buques de Acción Marítima (BAM), por lo que "la SEPI tendría que concretar el cumplimiento de esos contratos".

El Secretario General de UGT ha afirmado que, en este momento, "después del nuevo renacimiento de la industria naval en la Bahía de Cádiz, Navantia se ha convertido en el músculo del empleo en toda la región, ya que de ella dependen 7.100 empleos directos y en torno a 24.500 indirectos".

Por lo tanto, "no compartimos la política de recorte del gasto público que está perjudicando a empresas como ésta". "Nos parece casi suicida basar la lucha contra el déficit exclusivamente en el gasto social y público, cuando se debería buscar como alternativa la mejora de los ingresos del erario público", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que ayer los constructores pidieron más dinero porque se pueden perder en torno a 115.000 empleos, "pero los empresarios saben que los recortes del gasto público, que a veces han aplaudido, perjudican de manera extraordinaria la lucha contra la crisis económica, retrasan la recuperación de la economía y van a provocar un aumento aún más grave del desempleo en nuestro país".

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha realizado estas declaraciones esta mañana en una rueda de prensa en la que, junto con su homólogo de CCOO, Ramón Górriz, ha analizado el Proyecto de Ley sobre la reforma laboral aprobado en el Congreso de los Diputados una vez presentadas las enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios, a los que ambos sindicatos han remitido una valoración global.

Ferrer ha señalado que "exceptuando los grupos de la izquierda parlamentaria, el resto de grupos, incluyendo el que sustenta el Gobierno, abundan en avanzar en una regresión de los derechos de los trabajadores". Las enmiendas han ido en la línea de las políticas de ajuste, de reducción del déficit a costa de recortes salariales y sociales y ha subrayado que en vez de apostar por mejorar la calidad en el empleo y por la vía del Diálogo Social y la negociación lo han hecho por "aumentar el poder empresarial y reducir los costes laborales, reduciendo evidentemente, los derechos laborales".

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha destacado que varias de las enmiendas han recogido reivindicaciones empresariales dirigidas a que la última palabra la tenga el empresario, poniendo claramente en una situación de debilidad de la fuerza vinculante del convenio colectivo y la propia capacidad de acción sindical en la empresa. "La Negociación Colectiva, como elemento regulador y protector de derechos individuales y colectivos, queda debilitada", ha concluido.

Toni Ferrer ha hecho alusión a una enmienda propuesta por el PNV en la que "aparecen ataques claros alterando las reglas de concurrencia de los convenios colectivos" ya que proponen que el convenio de empresa prevalezca frente a los convenios sectoriales. "En un país en el que predomina la pequeña y mediana empresa", ha explicado, "es tanto como decir que no se quiere que haya Negociación Colectiva". Además, ha añadido, "el PNV remata su ataque a la Negociación Colectiva alterando también la legitimidad de las organizaciones sindicales confederadas a negociar en todos los ámbitos territoriales".

Ferrer ha mencionado también la emnienda del PP que plantea la posibilidad de alterar los contenidos pactados en convenio durante su vigencia, y ha aclarado que se trata de "un atentado a la fuerza vinculante de los convenios y a la eficacia general de éstos".

Para UGT y CCOO, el texto final de la ley, producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos conservadores de la cámara, recorta los derechos de los trabajadores, hace más fácil, rápido y barato el despido y amplia el poder empresarial.

La votación definitiva en la Ponencia del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley porque se avanza en la desregulación de derechos laborales, se hace más fácil, rápido y barato el despido y se aumenta la capacidad de decisión de los empresarios.

En opinión de CCOO y UGT el texto definitivo, después de las enmiendas pactadas o consentidas por los grupos parlamentarios conservadores y el grupo socialista, constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo, "este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales".

Y no es para menos: la reforma laboral finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados a través de un pacto entre PSOE y PNV, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro atribuyéndole competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo; ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo de calidad, la formación y la innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de la reducción de derechos de los trabajadores.

En definitiva, lo aprobado hoy en el Congreso con el voto favorable del PSOE, las abstenciones de CiU y PNV y el voto en contra de PP, ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto, viene a profundizar los gravísimos efectos que ha provocado en los derechos de los trabajadores el Real Decreto Ley 10/2010, y hace más necesaria si cabe la huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 29 de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones en una asamblea de delegados convocada en Mallorca por UGT y CCOO, con motivo de los actos promovidos ante la Huelga General del 29 de septiembre.

Méndez ha subrayado que "con esta reforma un trabajador fijo, de los de 45 días, puede ser despedido con una indemnización de 20 días de la que el empresario sólo pagará 12 días, y todo eso en función de que el empresario esgrima que se han reducido los beneficios o incluso que tiene, tal y como plantea una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, problemas persistentes de liquidez" unos problemas que pueden ser achacables al empresario o responder a una estrategia empresarial para reducir la plantilla.

"Ese trabajador despedido" ha explicado, "sería sustituido por un trabajador con un contrato temporal con una indemnización de 8 días", lo que provocará "un proceso gigantesco y tremendamente negativo de sustitución de unos trabajadores por otros y una degradación general del mercado laboral en nuestro país".

Cándido Méndez ha destacado que esta manera de luchar contra la crisis económica "lleva aparejado el abandono del objetivo de cambio de modelo productivo", lo que implica que "la Ley de Economía Sostenible es prácticamente papel mojado como consecuencia del cambio en la política económica del Gobierno, porque vuelve a apostar por el abaratamiento del costo del factor trabajo y no por la innovación, por la formación o por la calidad en el empleo".

El Secretario General de UGT ha recordado que la reforma laboral ha sido el detonante que ha provocado la convocatoria de huelga pero que esto es sólo una pieza dentro del cambio de carril de la política económica, social y laboral del Gobierno" quien "ha contraido una grave responsabilidad, probablemente empujado por Europa, porque su política va a ahondar en los efectos negativos de la crisis económica y va a provocar un aumento del paro". Además, ha concluido, del decreto ley en su versión original y de lo que puede ocurrir en el debate y en el trámite parlamentario "se puede hacer realidad la máxima de que todo es susceptible de empeorar".

El Secretario General de UGT ha realizado estas manifestaciones en Murcia, donde ha participado con Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, en una asamblea conjunta de delegados y trabajadores.

Méndez ha afirmado que la Huelga General es muy necesaria puesto que la Reforma Laboral supone un bloqueo sin precedentes a los derechos de los trabajadores. También se ha referido a que la Reforma Laboral llega en un momento en el que la situación económica daba indicios de recuperación y que con estas medidas el Gobierno acaba con todo el esfuerzo de trabajadores, organizaciones sindicales y sociedad en general, para luchar contra la crisis, rompiendo su trayectoria política perjudicando a la clase obrera"

También ha hablado de la temporalidad de la que ha señalado que "no podemos resignarnos a que se reduzca dependiendo de la estacionalidad laboral". Añadió que "hay que dotar de más estabilidad a las economías dependientes, como por ejemplo de la agricultura o el turismo, como es el caso de la Región de Murcia",

Méndez ha señalado que la jornada de Huelga General del 29 de septiembre pretende ser una respuesta ciudadana masiva que provoque efectos y haga retroceder las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación. Con esta reforma "se dará más facilidad al empresario a la hora de despedir y las empresas podrán descolgarse de las condiciones salariales y del convenio colectivo" ha afirmado Méndez.

Cándido Méndez ha justificado que la huelga sea el 29 de septiembre señalando que "se hace este día coincidiendo con una jornada de acción sindical a nivel europeo en contra de las reformas laborales, en las que el Gobierno de España es el ‘campeón' y porque es una convocatoria necesaria, que va a tener éxito y va a evitar males mayores y conseguir rectificaciones por parte del ejecutivo". Además la huelga está prevista para el día antes de la presentación de los presupuestos generales del Estado, que tendrá lugar el 30 de septiembre".

Toni Ferrer ha considerado que esta enmienda "abriría la vía para que la Negociación Colectiva perdiera su eficacia", ya que, durante su vigencia, "se podrían alterar los contenidos de las condiciones de trabajo y salariales pactadas". Además, no sólo propone vulnerar el derecho a huelga sino que "vulnera la opción de acogerse a la tutela judicial efectiva, ya que plantea que no se pueda recurrir al conflicto colectivo".

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha declarado que esta enmienda "es un exponente claro de las enmiendas que van dirigidas a aumentar el poder empresarial, a recortar los derechos de los trabajadores, a facilitar y abaratar el despido y hace tan vulnerable la contratación indefinida como la contratación temporal".

Respecto a la enmienda de CIU, que plantea que los convenios regulen las causas del despido objetivo, el Secretario de Acción Sindical de UGT ha afirmado que es "una enmienda trampa, ya que lo que en realidad pretende es que en un país donde predomina la pequeña y mediana empresa, donde hay una atomización de los convenios, que en función de la correlación de fuerzas se determine las causas y los procedimientos del despido".

Por todo ello, Toni Ferrer demanda al PP y al conjunto de grupos parlamentarios "el respeto a la autonomía colectiva y al papel constitucional de los interlocutores sociales, que desde 1980 llevan desarrollando la Negociación Colectiva".

Además, ha señalado que, viendo enmiendas como ésta, se constata que la Huelga General del próximo 29 de septiembre "tenía razones". "Esta medida es una de las razones más y esperamos que con la huelga general se retire tanto la reforma laboral impuesta como las enmiendas planteadas".

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en la asamblea de trabajadores en Gijón, donde ha considerado que este cambio radical se inició la primera semana de mayo "cuando sucumbieron al pánico de los mercados financieros", por lo que estas medidas "ponen en serio riesgo el proceso de recuperación económica, ya que pueden provocar el efecto contrario del que se dice que se pretende conseguir".

Por ello, el Secretario General de UGT ha pedido a los trabajadores y trabajadoras que el 29 de septiembre "ejerzan su derecho constitucional y renuncien a un día de su salario, en un esfuerzo solidario y en expresión de rechazo contundente y de exigencia de otras alternativas a las políticas del Gobierno".

Respecto a la convalidación hoy en el Congreso del Real Decreto Ley 11/2010 para modificar la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), Cándido Méndez ha manifestado que "esta nueva imposición pactada por los dos grandes partidos traerá como consecuencia un ajuste laboral muy duro" y, además, va a "producir la bancarización de las cajas de ahorros".

Esta bancarización conllevará, por un lado, "que el nivel de exclusión financiera de dificultad de acceso de la población a los servicios financieros se multiplique por tres o por cuatro" y, por otro lado "que se va a transferir todo el ahorro captado por las cajas a los bancos".

En este sentido, se ha preguntado "¿dónde está el supervisor ahora, que es el Banco de España?", ya que "mientras los bancos se han dedicado durante un tiempo a cerrar sucursales, despedir trabajadores y expandirse al exterior, las cajas se han dedicado a ampliar su red de sucursales, ampliar los puestos de trabajo y a acumular riesgo, y ahora que necesitan el ahorro se transfiere a los bancos".

En relación a la propuesta de reglamento del consejo para el cierre definitivo de las minas, Cándido Méndez ha considerado que esta propuesta "es una decisión gravísima y una expresión más de la política de recorte del Gobierno". "Un país que tiene una dependencia energética tan brutal como el nuestro y que tiene elementos como la producción de carbón autóctono, no puede apuntar directamente a ningún factor que contrarreste esa dependencia energética", ha manifestado.

El Secretario General de UGT espera que "esto se pueda enmendar", pero "escuchando las declaraciones de Joaquín Almunia, en las que asegura que esta propuesta del cierre de minas estará antes del 15 de octubre de 2014, me da la impresión de que ya hay una decisión tomada que incorpora otro elemento de confrontación serio, ya que estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo en toda Europa que dependen de este sector".

"En España el Gobierno se ha erigido en campeón a la fuerza de las políticas de ajuste" ha añadido, "lo que ha provocado la ruptura de un acuerdo con las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos, una violación del derecho a la Negociación Colectiva, la ruptura del Diálogo Social y del Pacto de Toledo, ya que se ha impuesto una congelación de las pensiones contributivas".

La Reforma Laboral presentada por el Gobierno como el remedio para resolver los problemas de dualidad en el mercado laboral en España y una apuesta para terminar con la temporalidad, va a provocar el efecto contrario, "consolidando la precariedad y la temporalidad por siempre jamás".

Méndez se ha mostrado su preocupación por la decisión del ECOFIN de exigirle al Gobierno de España un nuevo recorte de 17.500 millones de euros, ya que "no se sabe de dónde van a recortar" y teme que el Gobierno pueda pretender que sean los gastos en protección por desempleo los que tengan que asumir la carga de ese recorte.

Cándido Méndez ha manifestado que hoy se presentará por tercera vez una resolución para levantar la congelación de las pensiones públicas y "por tercera vez saldrá derrotado el Gobierno" en este tema. "Es necesario recuperar el consenso del Pacto de Toledo y que, sobre la base de los acuerdos actuales, se produzca un debate que no traiga como consecuencia un recorte en nuestro sistema público de pensiones o un alargamiento forzoso de la edad de jubilación a los 67 años", ha añadido.

El Secretario General de UGT ha subrayado que tanto UGT y CCOO están movilizándose hoy por todo el país para expresar su rechazo a esta reforma injusta y exigir que no se convalide en el Parlamento porque "no va a beneficiar a la sociedad sino que pretende el fortalecimiento de los bancos frente a las cajas".

Si el Parlamento convalida esta reforma esto tendrá como consecuencia la desapación, en algunos años, de las cajas de ahorros "tal y como las conocemos", (pegadas al terreno, comprometidas con el desarrollo económico de los territorios..), pasarán a ser bancos, con el elemento incorporado de ajuste laboral .

En relación con las declataciones del Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que se mostró ayer partidario de modificar la normativa que regula prestaciones por incapacidad temporal para evitar que sen utilizadas de forma "desaprensiva o perversa", Méndez ha señalado que sería "nefasto pretender aprovechar un problema de manera retorcida para alterar con carácter general el marco jurídico que garantiza las prestaciones en caso de enfermedad o de accidente de los trabajadores en nuestro país". "El Gobierno", ha añadido, "no puede incurrir en ese tipo de estretagias que puede generar un problema de mucho alcance sin resolver el otro".

El Secretario General de UGT pidió "un esfuerzo" a los trabajadores para que acudan "masivamente" a la huelga y señaló que junto al líder de CC.OO, Fernández Toxo, recorrerán hasta ese día el país. "Vamos a llegar hasta el tuétano de los centros de trabajo" para que los trabajadores "sepan que España con esta política está corriendo un riesgo cierto de que las jóvenes generaciones tengan menores derechos laborales y menores garantías de trabajo" además de "peores y más tardías condiciones de jubilación" que los trabajadores de edad madura. "Corremos un riesgo muy serio", ha dicho, "de que en España se rompa esa escala ascendente de progreso de las clases trabajadoras de los últimos 30 años, que se ha producido por el esfuerzo de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que fueron capaces de luchar a favor de la democracia y del progreso".

Méndez ha indicado que "la  reforma laboral convierte en papel mojado la Ley de Economía Sostenible", dado que las medidas diseñadas por el Gobierno de Zapatero para "salir de la crisis económica y para avanzar en la recuperación económica" suponen "el camino del abaratamiento de los costes del factor trabajo". Ha criticado también que se pretenda retrasar la edad de jubilación a los 67 años y cuestionó si "el Gobierno va a poder garantizar un puesto de trabajo hasta los 67 años, porque la realidad es que hoy por hoy no se garantiza ni tan siquiera a los 65 años" y ha señalado que "el Gobierno está planeando quitar del medio mecanismos de rejuvenecimiento de las plantillas españolas; los trabajadores en edad madura sustituidos por jóvenes, hasta eso lo quieren quitar".