Las políticas de ajuste del Gobierno están conduciendo a nuestro país a un proceso de recesión económica y de regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años, que amenaza con socavar las bases de algunos pilares esenciales de nuestra convivencia democrática y del desarrollo de nuestro bienestar social.

El Gobierno del Partido Popular está aplicando unilateralmente un programa , no refrendado por las urnas, que contraviene todos sus compromisos electorales con quienes le otorgaron su confianza en las pasadas elecciones generales. Un programa, en este sentido, sin legitimidad social y democrática.

Las erróneas políticas obedecen a una estrategia deliberada que hay que rechazar y combatir por un triple motivo:

1.- Porque se ha demostrado profundamente ineficaz para lograr sus objetivos declarados, reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica sostenida.

2.- Porque ataca las bases de nuestro Estado de Bienestar, y más allá, del modelo social europeo, socavando conquistas logradas hace muchos años y que constituyen la columna vertebral de un sistema de protección social avanzado al que Europa debe aspirar de modo irrenunciable.

3.- Porque se está implantando de forma antidemocrática, a través de negociaciones opacas en el nivel europeo y de medidas unilaterales que contravienen el programa electoral del Partido Popular en el ámbito nacional.

La reforma laboral impuesta por el Gobierno en el mes de febrero de 2012, no sirve para crear empleo, sólo para empeorar las condiciones de trabajo. En los seis primeros meses de aplicación de la reforma (y en comparación con el mismo periodo del año 2011) el balance es demoledor.

Además, las últimas medidas aprobadas por el Gobierno tienen igual potencial destructor. Recortes en las prestaciones por desempleo, en la dependencia (es decir, para quienes se encuentran en situación más desfavorecida), recorte de derechos laborales y salariales a los empleados públicos y a los trabajadores de sector público empresarial, o demagógicos recortes en las estructuras de las administraciones públicas.

Se aprobó también la subida del IVA que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las bolsas de fraude.

La actuación más reciente ha sido la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contiene el mayor ajuste de la democracia, un monumental tajo a nuestras capacidades productivas y a nuestro Estado de Bienestar, de consecuencias fatales. 

La movilización de los ciudadanos es necesaria, la huelga general es necesaria, las medidas que nos están aplicando unilateralmente y que están asfixiando a los ciudadanos hacen inevitable que nos pronunciemos con toda rotundidad exigiendo la negociación de una nueva estrategia política y económica que compatibilice la reconducción de los desequilibrios presupuestarios con la reactivación de la actividad y el empleo, sin pérdida de derechos sociales y laborales. No sólo es posible, es imprescindible. O la salida de esta crisis es solidaria y social, o no la habrá.

No aceptamos que el desempleo, la rebaja salarial generalizada, el empobrecimiento masivo, la exclusión social o la eliminación de servicios públicos sea la única política posible frente a la crisis, porque no lo es.