El Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobado el pasado 9 de septiembre por el Pleno del Congreso, y una vez incorporadas las enmiendas parlamentarias en el Congreso y en el Senado, no sólo no corrige la regresiva reforma laboral, contenida en el Real Decreto Ley, sino que empeora algunos aspectos, incidiendo en el recorte de los derechos de los trabajadores.

La ley es extensa, compleja y modifica, en mayor o menor medidas, las leyes básicas y fundamentales para los trabajadores y el sistema de relaciones laborales: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la ley de Procedimiento Laboral, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Empleo, la Ley que regula las Empresas de Trabajo Temporal, y la ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

En definitiva la reforma laboral, facilita y abarata el despido, no resuelve y entorpece la lucha contra la temporalidad y precariedad laboral, merma los derechos de los trabajadores en beneficio de un mayor poder empresarial, pone a los desempleados a merced de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y contamina las relaciones laborales. En materia de negociación colectiva el Gobierno amenaza de que, si en el plazo de 6 meses, desde la aprobación de la reforma, empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo el Gobierno regulará esta materia, con lo que rompería la autonomía de las partes y el equilibrio en la negociación.