El 23 de marzo hay que movilizarse para exigir salarios dignos ya

Casi 7 millones de trabajadores y trabajadoras están pendientes de pactar sus condiciones de trabajo para este año
​La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP en 2012 continúa tirando a la baja de los salarios, aumentando la precariedad en el empleo y el poder discrecional de los empresarios. Finalizado el mes de febrero, todavía están por pactar los convenios de casi 7 millones de trabajadores y trabajadoras y, aunque sigue vigente el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, la patronal sigue eludiendo su responsabilidad de concretar el incremento salarial general para 2017. Movilizaciones País Valenciano

 Los sindicatos demandamos que todos los trabajadores ganen poder de compra (aumentando los salarios en una horquilla de entre el 1,8% y el 3%) máxime teniendo en cuenta el importante aumento de los precios de estos últimos meses y las previsiones para el conjunto del año. Por eso, el día 23 de marzo hay que movilizarse por unos salarios dignos.

En las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO para el próximo jueves 23 de marzo una de las reivindicaciones más importantes es la urgente mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Los convenios colectivos tienen que superar los efectos de las reformas laborales impuestas en los años más duros de la crisis económica; Reformas que han propiciado la destrucción de empleo y la devaluación salarial, acentuando la desigualdad entre los trabajadores y la extensión del fenómeno de trabajadores pobres, con empleos precarios y salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, e impidiendo una función esencial de la negociación colectiva, como es el reparto equitativo de la riqueza creada.

La reforma laboral de 2012, con los cambios introducidos en relación a la negociación colectiva, ha reducido su eficacia y cobertura efectiva; ha creado condiciones para la desaparición de convenios por la limitación del periodo legal de ultraactividad; ha coartado la autonomía colectiva de los interlocutores sociales sectoriales para establecer las condiciones mínimas aplicables en el sector, al otorgar la prioridad aplicativa al convenio de empresa en materias esenciales básicas como las retribuciones salariales, y ha ampliado notablemente las posibilidades de inaplicar las condiciones de trabajo pactadas en convenio, lo que restringe la fuerza vinculante del convenio formalmente pactado.