UGT insta a los Gobiernos, como los de Murcia y Galicia, que hayan adoptado la medida que retira la tarjeta sanitaria a desempleados de larga duración y a extranjeros sin recursos, a que suspendan inmediatamente esta medida. El sindicato no entiende este tipo de iniciativas, más aún cuando a partir del 1 de enero de 2012, la Ley General de Salud Pública ya establece como situación asimilada al alta el hecho de estar en situación de desempleo sin prestaciones.

En este sentido, UGT, a través de su Secretaría de Política Social, ha trasladado por carta al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, y a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, su malestar y preocupación por una medida tomada pese a que la Ley General de Salud Pública recoge ya, tras el acuerdo en la mesa de diálogo social, el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato considera irresponsable acometer este tipo de medidas con las personas más vulnerables y con el agravante de la situación económica actual, donde más de un millón de hogares tiene a todos sus miembros en paro, vulnerando los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. En este sentido, UGT alerta que la retirada de la tarjeta sanitaria a un miembro familiar podría dejar sin prestación a la familia completa, por lo que se opone firmemente este tipo de medidas.

El sindicato recuerda que durante los últimos años han aumentado alarmantemente las cifras de los parados de larga duración que, junto con las dificultades del colectivo joven para el acceso al mercado de trabajo y con la disminución del nivel de cobertura de la prestación por desempleo, incrementaría sustancialmente el colectivo de desempleados sin derecho a una prestación.

Si a todo ello añadimos las trabas administrativas para la renovación y obtención del reconocimiento al derecho de la prestación sanitaria, la situación se tornaría insostenible, avocando a muchos ciudadanos a la exclusión social.

Por ello, UGT ha insistido al Gobierno y a las Administraciones Públicas que adopten medidas, legales y administrativas, que eviten estas situaciones, con la aceleración de la aprobación de una norma que regulase la universalización de la asistencia sanitaria, y recuerda a los grupos políticos que se opondrá a cualquier medida que intente imponer un determinado modelo ideológico de recorte en la Sanidad Pública.

Para el sindicato, la asistencia sanitaria es un derecho constitucional y de justicia social, por lo que exige una tarjeta sanitaria única y universal como mecanismo de acceso a los centros, servicios y prestaciones sanitarias de la Seguridad Social propias de nuestro Sistema Nacional de Salud público, equitativo y solidario.