Epsar, en manos de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, sorprendióa la Diputación de Valencia con el propósito de denunciar el convenio en virtud del cual la empresa mixta Egevasa presta el servicio de gestión de 59 depuradoras de agua en la provincia de Valencia. 

Egevasa esta participada al 51% por la Diputación y al 49% por Aguas de Valencia, es decir, estamos ante una gestión controlada por la administración y, por tanto, de titularidad pública en su mayoría mediante una empresa mixta.

Lo primero que sorprende pues, es que en vez de la anunciada política de reversión de servicios esenciales al ámbito de lo público, que se supone caracteriza al Consell, aquí se pretenda lo contrario con el argumento que los neoliberales enemigos de lo público defienden con tanto ahínco y, a mi juicio, con tantas falacias: que el coste del servicio es más económico sin perder por ello eficacia. Y así proponen un modelo como el de Castellón de concurso para su adjudicación a empresas enteramente privadas.

Sin embargo, el precio por metro cúbico depurado en Castellón es de 0,91€ y en Valencia de 0,52€.

De momento, la Diputación ha parado tal propósito, o mejor sería decir despropósito, y se han dado un plazo de seis meses para desde una comisión de tres (Enrique Lapuente, gerente de Epsar; Julià Àlvaro, Secretario Autonómico de la Conselleria y Ramon Mari por la Diputación) intentar alcanzar un acuerdo.

A nosotros, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-PV nos preocupa el asunto como ciudadanos beneficiarios y pagadores del servicio; pero especialmente como representantes de los trabajadores de la empresa Egevasa que ven peligrar su empleo y, en el mejor de los casos, sus condiciones de trabajo y su estabilidad laboral.

Se nos dice que no hay problema, que la empresa privada que se quedara con el servicio se subrogaría en las obligaciones de Egevasa y asumiría a sus trabajadores; pero no es tan sencillo: primero, no sería el único caso en el que la subrogación se discute; segundo, no seria el primer caso en el que el precio por el que se obtiene la adjudicación obliga a la empresa adjudicataria a reducir plantillas o a bajar salarios y condiciones; y tercero, no queda claro qué concretos trabajadores están adscritos al servicio que se pretende privatizar ni que todos lo estén al 100%, porque Egevasa gestiona mas de 250 depuradoras, no solo las 59 en cuestión.

Intentar conseguir los mejores servicios a los mejores costes para los ciudadanos es loable, pero no a cualquier precio. No si eso supone malbaratar el factor trabajo, incidir en la degradación de los salarios y las condiciones laborales; no si no atiende a criterios de decencia, estabilidad y dignidad en el empleo.

La Administración es un agente económico que puede dar buenos o malos ejemplos en relación con todos esos considerandos referidos a la calidad del empleo; se supone que en el marco del diálogo social entre Consell, UGT, CCOO y la patronal se esta intentando alcanzar un acuerdo de cláusulas sociales que vaya en esa dirección; sin embargo, en este no muy depurado proceso sobre depuradoras, parece que los trabajadores y sus representantes somos meros espectadores de decisiones que nos afectan y en las que no se nos tiene en cuenta.

No nos consta que Egevasa haya prestado de manera deficiente o sospechosa su gestión, ni que en las auditorias a que ha sido sometida, como debe ser, presente mayores problemas. Lo que si nos consta es que hay mas de 300 empleos que merecen tal nombre y que los representantes de esos trabajadores sienten la preocupación de que tanto esfuerzo y negociación para lograr lo que hoy tienen se pueda ver en peligro sin móvil, razón o argumento que justifique esa disputa entre Conselleria y Diputación.

Lo que si tenemos claro es que no nos vamos a quedar al margen.