UGT FICA PV y CCOO de industria, continúan exigiendo dos años después la aplicación del artículo 13.1 de la LEY 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social, esta vez para las personas que hacen el mantenimiento del alumbrado de la ciudad de València. 

Dos años después de aprobar la ley que establecía que en la contratación pública, las administraciones publicas indicarán la obligación del adjudicatario de subrogarse como ocupador en las relaciones laborales, sigue sin aplicarse este mandato.

Resulta paradójico que tras dos años desde que se aprobó la ley a “bombo y platillo” todavía no se contempla la inclusión de la subrogación en las licitaciones públicas del mantenimiento de instalaciones.

Daniel Argente y Javier Galarza, secretarios generales de la federación de Industria, Construcción y Agro de UGT País Valencià y CCOO de industria, le han señalado al alcalde Ribo, que “para ese viaje no  hacían falta alforjas” y que si ya se contemplaba la subrogación de las personas que trabajan al amparo de convenios como hostelería, limpieza, ajardinamientos y otros servicios municipales en los textos de los mismos, era necesaria una ley de estas características para garantizar los derechos laborales para TODAS las personas que trabajan en empresas de carácter público. Eso sí, se hizo una ley para garantizar la inclusión de la subrogación de las personas que hacen servicios públicos y ahora no se incluye la clausula social porque sigue sin contemplarse la ley  a juicio de Daniel Argente y Javier Galarza… un pan como unas tortas,  y la ley pretendía  solucionar un problema del que se presumió haber solucionado, apareciendo después como “un sueño de una noche de verano”

Esta ha sido parte de la argumentación que han esgrimido ambos secretarios generales, aunque el alcalde ha afirmado que están intentado solucionarlo. El alcalde se ha comprometido a continuar buscando un marco jurídico que garantice la inclusión de la subrogación en los pliegos de ofertas de servicios y alineado con la defensa de la inclusión de la clausula de garantía social ha afirmado querer trabajar conjuntamente no solo con el planteamiento ideológico sino también con la búsqueda de un marco jurídico que la incluya.

A los efectos de buscar ese marco común, los servicios jurídicos de UGT y CCOO contactaran con los propios de la corporación para intentar desbloquear la situación antes de que la licitación se concrete de forma definitiva con pérdidas irreparables que llevarían a la pérdida de empleo o condiciones a decenas de trabajadores y trabajadoras de empresas como Imesapi, o grupo Etra, que prestan servicios de alumbrado, mantenimiento de fuentes, ordenación del trafico…etc.

Para las federaciones de industria de UGT y CCOO  #NoHayExcusas