UGT reclama al Gobierno que, más allá de los mensajes grandilocuentes del Gobierno sobre la reforma laboral y los reiterados anuncios sobre su importancia, profundidad y equilibrio, es necesario que cumpla ya con el mandato constitucional y convoque a los interlocutores sociales para conocer el contenido concreto de las medidas que quiere aprobar y que afectan de manera directa a los trabajadores (desempleados y ocupados) y empresas, a las familias y a la sociedad en general.

Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no dejan de reiterar su apuesta por el diálogo social, pero ya es hora de pasar de la retórica a los hechos y que, en el marco del diálogo social tripartito, permita a los interlocutores sociales conocer, detallada y concretamente, las medidas que quieren aprobar para poder transmitirle, al mismo tiempo, su opinión sobre las mismas.

El sindicato considera que el problema del desempleo en España no es la regulación laboral sino la crisis provocada por el sistema financiero y la debilidad de nuestro tejido productivo; las políticas de ajustes y recortes (las últimas cifras de paro lo constatan); y la inexistencia de demanda, lo que está provocando la caída del consumo, de la actividad y del empleo.

Por otra parte, UGT defiende el valor del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, un ejercicio de responsabilidad incuestionable de sindicatos y empresarios, en respuesta a la grave situación que vive nuestro país. Este acuerdo contempla medidas ágiles y eficaces para dar respuesta a las dificultades a través de la flexibilidad negociada, facilita la capacidad de adaptación de las empresas en tiempo de trabajo, funciones y movilidad para evitar despidos; y vertebra y articula la negociación colectiva, desde los sectores y la adapta a los ámbitos más cercanos a la empresa, sector provincial. Todo ello dentro del marco legal vigente y sin reformas legislativas. Asimismo, el pacto de rentas alcanzado obedece al objetivo prioritario de contribuir a reactivar la actividad económica y el empleo.

Por todo ello, el sindicato niega que el II AENC solo sea un punto de partida, como afirma el Gobierno, a partir del cual legislará. Es un punto de partida y llegada, que normaliza las relaciones laborales en nuestro país, que pone en valor la negociación colectiva (cuyas reglas sólo pueden fijarse por las partes legitimadas para ello, es decir, los representantes de los trabajadores y de los empresarios) y que debería haberse valorado, debidamente, en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero.