UGT considera que el Gobierno ha iniciado un camino especialmente peligroso al plantear fórmulas de copago en el sistema sanitario español. Reformular la financiación de los servicios públicos esenciales con este tipo de planteamientos supone que los ciudadanos se enfrentan al sistema sanitario con un estatus diferente en función de su nivel de renta, rompiendo el principio esencial de igualdad. El problema es la resistencia ideológica del Gobierno a articular un sistema fiscal -justo, equitativo, suficiente, y progresivo- que garantizaría los recursos para financiar el sistema sin necesidad de recurrir a ningún tipo de distinción en función de los recursos individuales. El sindicato defiende el mantenimiento del sistema público sanitario universal, equitativo y solidario.

Las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad, al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado hoy, suponen para UGT el inicio de un camino especialmente peligroso en relación con una pieza básica del Estado de Bienestar de nuestro país, como es el sistema sanitario público. El sindicato insiste, una vez más, que nuestro sistema sanitario NO ES GRATUITO, que está financiado con los impuestos que pagamos los ciudadanos. A falta de conocer con detalle las medidas anunciadas en rueda de prensa, puesto que tampoco en esta ocasión ha dado cumplimiento a su obligación de informar de sus políticas a los órganos consultivos existentes, creemos necesario hacer algunas consideraciones:

Los medicamentos forman parte indisoluble del sistema sanitario, por lo que afirmar (como ha hecho la Ministra Mato) que no hay "copago sanitario" es un recurso semántico interesado que no puede ocultar la verdad: los jubilados no pagan por los medicamentos y el Gobierno reformará la ley para que a partir de ahora paguen. Se incorporan por tanto los 8 millones de pensionistas, a los que se les reduce las pensiones dos veces consecutivas, con la subida del IRPF y con esta imposición de copago farmacéutico.

El sindicato valora que se excluya del pago de medicamentos a los desempleados sin prestación económica y a los jubilados de pensiones no contributivas, pero hace recaer todo el peso de la medida las rentas medias. Por tanto, son de nuevo los trabajadores los que van asumir el coste de la crisis.

UGT comparte que la financiación de los servicios públicos debe ser progresiva, aportando más quien más tiene. Eso no es nada nuevo; la única novedad es que ese principio hasta ahora se articulaba a través del sistema tributario, encargado de proveer los recursos para la financiación de todos los servicios públicos. Como el Gobierno se niega a una reforma fiscal imprescindible para reparar los graves errores cometidos durante muchos años desarbolando el sistema, ha decidido trasladar el sistema directamente a la gestión sanitaria. Y, por los anuncios realizados, puede que se amplíe a otros servicios (por ejemplo, el debatido copago en el sistema judicial).

El copago, farmacéutico o sanitario, sitúa a los ciudadanos "a las puertas" del servicio que debe garantizar su salud en función de sus recursos económicos, lo que introduce un principio de desigualdad evidente. Debemos ser diferentes, en función de nuestra renta ante el sistema tributario, no ante el sanitario.

Es preocupante la definición de la Cartera Básica de Servicios, que divide en tres modelos la básica, suplementaria y la de servicios accesorios. En esta materia, dentro de dos meses, podría incorporar copagos dependiendo de la prestación sanitaria en los diferentes tramos de la cartera. Es decir podemos vernos con un sistema de beneficiencia y romper el principio de solidaridad que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, exigimos al Ministerio que, además de tranquilizar a los ciudadanos en ruedas de prensa, no esconda las medidas y las exponga convocando la mesa de Diálogo Social.

Los cambios en las prestaciones a ciudadanos no nacionales también es un motivo de grave preocupación para UGT, por lo que exigimos una aclaración urgente y lo más extensiva posible sobre los anuncios realizados en relación a las modificaciones de la Ley de Extranjería.

No se puede abordar la reforma de la ordenación de las profesiones sin contar con los profesionales ni los representantes de los trabajadores. UGT solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial.

UGT reitera al gobierno que no apruebe estas medidas sin haberlas abordado antes en las mesas de diálogo Social y en los órganos consultivos.