UGT considera que el aumento de precios del mes de abril se debe principalmente a los tarifazos (la luz y el transporte, entre otros) impuestos por las Administraciones y califica este incremento como insostenible con la actual situación de recesión económica y desempleo en nuestro país (situación reconocida por el propio Gobierno en su Programa de Estabilidad). Asimismo, achaca el aumento del IPC al incremento de las rentas empresariales, que aportan 2,8 puntos al deflactor del PIB, frente a los costes laborales que restan 1,2 puntos de inflación. El sindicato demanda que las autoridades controlen el precio de los productos de primera necesidad y una reinversión de los beneficios empresariales, tal y como se contempla en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; y exige un plan de recuperación económica que propicie el equilibrio presupuestario a largo plazo (compatibilizando reducción del déficit con estímulos a la actividad económica). Asimismo, reclama un gran consenso de país que apueste por el crecimiento, el empleo y unas reformas fiscales y financieras justas, que garanticen nuestro modelo social y nuestro Estado de Bienestar.

Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de abril el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 2,1%, dos décimas más que la tasa registrada el mes anterior, y una décima mayor que el indicador avanzado publicado el pasado 27 de abril. Por su parte, la tasa mensual se sitúa en el 1,4%, el doble que el mes de marzo.

Entre los grupos que han tenido una influencia positiva en la evolución anual son Vivienda, con una variación anual del 4,7%, un punto y medio superior al mes de marzo, debido a que la subida del precio de la electricidad frente a la estabilidad de abril de 2011; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación anual del 5,1%, tres puntos más que el año anterior, como consecuencia del aumento de los precios del tabaco. En cambio, dos grupos repercuten de manera negativa en la evolución anual del IPC, y son Transporte, con una tasa anual del 4,8%, cuatro décimas menso que en marzo, debido al descanso de los precios de los automóviles, frente al aumento de los mismos en abril de 2011, y al menor incremento de los carburantes y combustibles; y Ocio y Cultura, que con una tasa del 0,3%, cuatro décimas menos que en marzo, dado el descenso de los precios de los libros de entretenimiento y el viaje organizado.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumenta dos décimas respecto al mes de marzo, situándose en el 2,0%, una décima menos que el IPC general nacional y seis décimas por debajo de la media de la Zona Euro. Cabe señalar que es el sexto mes consecutivo en el que el diferencial de inflación es favorable a nuestro país.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 1,1%, aumentando su diferencia respecto al índice general, que se sitúa en un punto.

Conclusiones

El Índice de Precios al Consumo del mes de abril de 2012 refleja el aumento de precios derivado principalmente de los tarifazos impuestos por las administraciones, incremento de precios insostenibles con la actual situación de recesión económica y desempleo en nuestro país, situación reconocida oficialmente por el propio Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad, cuyas previsiones recogen la desacertada política económica que se está llevando a cabo.

La principal conclusión del Programa de Estabilidad es que las políticas implementadas inciden negativamente en el crecimiento y la generación de empleo en el corto plazo. Es decir, que la recesión se alargará en nuestro país gracias a la política económica puesta en marcha, de modo que hay un reconocimiento explícito de que el objetivo no es la recuperación de la economía española, ni, por supuesto, el empleo, sino la reducción del déficit público.

Pero es que el efecto del ajuste presupuestario previsto por el Ejecutivo es más que negativo para la actividad económica, dado que la previsión es que en 2012 el PIB se contraiga un 1,7% y en 2013 apenas crezca un 0,2%. Y estos resultados se van a lograr a través del gobierno fiscal establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que hipoteca el crecimiento y el empleo futuro así como el mantenimiento del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos Esenciales, mediante el límite del techo de gasto de las CCAA, no acompañado de un suelo de gasto social, y la obligación de dedicar el potencial superávit únicamente a la reducción de deuda neta.

El escenario económico 2012-2015 se verá condicionado por las devastadores reformas impuestas por el Gobierno, muchas de las cuales (educación, sanidad, transporte, energía) tienden a repercutir en el usuario parte del coste del servicio que recibe. Es decir, el copago se establece por ley y se expande a todos los servicios sociales.

A esto hay que añadir las bondades que, según el Gobierno, la reforma laboral traerá (en el futuro) se basan en la reducción de costes, en una mayor flexibilidad y en una disminución del poder de negociación sindical. Y todo ello para alcanzar una tasa de paro del 22,5% en 2015. Y lo más preocupante son las propias estimaciones a muy largo plazo: en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento, se señala que la tasa de paro de la población entre 20 y 64 años (es decir, dejando fuera a los jóvenes que tienen la tasa de paro más elevada) será del 16,5% en 2020 y del 8,5% en 2030.

A esta ya inadmisible situación hay que añadir otra: el incremento de las desigualdades en la distribución de la renta, desigualdades que de nuevo perjudican a los más afectados por los recortes impuestos por el Gobierno. En este sentido, según los últimos datos disponibles de datos de Contabilidad Nacional Trimestral referidos al cuarto trimestre de 2011, se está produciendo una intensa moderación de la remuneración de los asalariados (-2,1%), lo que provoca que los costes laborales unitarios se estén reduciendo de forma continua desde hace más de dos años. En el cuarto trimestre esta contención se ha agudizado, pasando de caer a un ritmo del -1,5% al -2,5%. Y paralelamente, los excedentes de las empresas y las rentas de los autónomos crecen a un ritmo del 6,6%. De este modo, la evolución de la inflación en nuestro país se debe a la presión que ejercen las rentas empresariales, que aportan 2,8 puntos al deflactor del PIB. Por el contrario, los costes laborales son deflacionistas, restando 1,2 puntos de inflación.

Tal y como recoge el II AENC, es fundamental controlar los abusos en los márgenes empresariales en determinados sectores, que con el único objetivo de incrementar los beneficios de las empresas, no hacen sino aumentar determinados precios en nuestro país. Por eso resulta primordial, además de un crecimiento moderado de los salarios, una contención de los beneficios empresariales, la reducción de las remuneraciones de altos directivos, la reinversión en la actividad productiva, una política fiscal justa y progresiva y un control eficaz por las autoridades públicas de los precios en los productos y servicios de primera necesidad. Y en este sentido hay que denunciar que a los recortes, el aumento de las desigualdades y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios hay que añadir los tarifazos (en la luz y el transporte, entre otros) impuestos por las Administraciones Públicas, mediante el incremento de precios y tasas públicas, las mismas administraciones que demandan moderación en el resto de precios y en los salarios.

Y así no salimos de la crisis. Para UGT la actual situación de recesión económica, el insostenible nivel de desempleo, la mayor regresión social y el aumento creciente de las desigualdades desde todo punto de vista, exige un cambio de rumbo inmediato, que busque el crecimiento, crecimiento sostenible, duradero y equilibrado, que consiga generar empleo, estable, de calidad y con derechos.

Y ello exige no demorar más un plan de recuperación económica que restablezca el equilibrio presupuestario a largo plazo, plan respetuoso con los derechos sociales fundamentales, y basado en un sistema fiscal justo, una política industrial dinámica y el compromiso de impulso a la actividad empresarial competitiva y sostenible.

Solo así se logrará una mayor capacidad recaudatoria que consiga una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social. Porque España necesita hacer compatible el objetivo de reducción del déficit público con los estímulos a la actividad económica, con el impulso del cambio en el patrón de crecimiento y con el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar.

Desde UGT demandamos un gran consenso de país que apueste por el crecimiento como mecanismo para salir de la crisis y lograr la reducción del desempleo, crecimiento acompañado de las reformas fiscales y financieras necesarias, pero que sostenga en todo momento nuestro modelo social. porque solo así saldremos adelante.

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