Esta mañana se ha producido una manifestación de trabajadores de Unión Naval de Valencia que ha llevado a cerca de 300 trabajadores hasta el Palau de la Generalitat para intentar evitar el cierre del astillero.

Los 81 trabajadores en plantilla del astillero iniciaron este miércoles una huelga en protesta por el cierre de las instalaciones, que se prolongará hasta el 27 de junio y cuenta con el apoyo de los más de 200 empleados de las subcontratas.

Los trabajadores esperan que la dirección les entregue la información que han solicitado acerca de las cuentas de la empresa y del reparto desigual establecido para las jubilaciones. En cualquier caso, recalcan que no quieren hablar de indemnizaciones, sino lograr el mantenimiento de los máximos empleos posibles.

En la marcha para reclamar la implicación en este tema de las administraciones autonómica y local, han portado hasta las puertas del Palau de la Generalitat un ataúd para denunciar la muerte de la industria naval valenciana, que también llevaron a las oficinas de la empresa, y han coreado consignas como 'Fórmula 1, industria cero'.

Los trabajadores pretendían entregar un escrito al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para pedirle ayuda y que interceda ante el Gobierno y las autoridades europeas para reclamar un plan industrial serio.

Finalmente, han sido recibidos por dos miembros del equipo de Fabra, quienes les han trasladado el compromiso de que el jefe del Consell hablará con el presidente de la empresa y del grupo Boluda, Vicente Boluda.

Ante el argumento de la empresa de que no puede mantener el astillero porque no hay futuras contrataciones por la paralización de la subvención en Europa, el comité propone esperar hasta final de año ante la nueva propuesta de ayudas enviada a Bruselas y, si no se aprueban esas subvenciones, plantear un ERE temporal a la espera de ver si hay solución, no cerrar directamente como primera medida.

Los trabajadores se resisten a hablar de indemnizaciones y, de hecho, únicamente se han pronunciado sobre las prejubilaciones, que afectarían a 30 trabajadores según el límite de 52 años fijado por la empresa. Sobre esta cuestión, piden que puedan acogerse también los empleados de 51 y 52 años, como se ha hecho hasta hace poco.